Se crearán 100.000 mil puestos de trabajo

	La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el Gabinete de Ministros nacionales puso en marcha el Programa “Ingreso Social con Trabajo” que prevé, en una primera etapa, la creación de nuevos cien mil puestos de trabajo en el Conurbano bonaerense a través de la conformación de dos mil cooperativas. La iniciativa significa, en esta primera instancia, por parte del Gobierno nacional una inversión social aproximada de 1.500 millones de pesos. El Programa “Ingreso Social con Trabajo” se desarrollará progresivamente en todo el país, como parte central de la política social, y en la consideración de que el trabajo se constituye en el mejor integrador social, pues dignifica, califica y organiza, convirtiéndose en un elemento determinante para combatir la pobreza y lograr el desarrollo social de las comunidades. Del mismo modo, la iniciativa se nutre de la idea de que otra economía es posible, una economía de producción y distribución social. Teniendo en cuenta, especialmente, que nuestro país el flagelo de la pobreza está directamente vinculado a la inequidad social y territorial. Durante el acto, la presidenta Fernández detalló las características del programa y señaló que en la cartera social “recibimos un presupuesto de 183 millones de pesos en 2003 y hoy estamos en 10.200 millones de pesos al año”. Añadió que "el problema en la Argentina no es la pobreza sino la inequidad social, es decir, cómo se distribuye la riqueza”, y remarcó que “siempre se busca hacer padrones de los pobres, alguna vez habría que hacer padrones de los ricos para saber cuál es la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen”. Y agregó que en la “inequidad está la verdadera fábrica de los pobres”. Significó que “es cierto que cuanto más actividad económica exista habrá menos pobreza, pero la preocupación por la pobreza y la inequidad no puede ser espasmódica, debe ser consistente y coherente”. Por ello señaló que es importante “abordar la cuestión tributaria. Se puede proponer pero el que decide quien pone más y quien poner menos es el Poder Legislativo", al tiempo que destacó la "importancia de ver qué nivel de exenciones estamos teniendo en Argentina para ver de dónde pueden salir los recursos". La presidente sostuvo además que “aún con un modelo de creación de trabajo, de generación de empleo, necesitamos políticas más profundas para terminar con la inequidad social”. Al respecto, afirmó que “América latina es el continente más inequitativo” y para revertir esa situación la cuestión “no significa sacarle a los ricos para darle a los pobres, como algunos quieren simplificar”. En otro tramo del discurso la presidente Fernández aseguró que si el Congreso votara la creación de un ingreso universal por hijo menor de edad de 135 pesos mensuales, eso implicaría una erogación anual de 6.900 millones de pesos anuales, y si fuera de 250 pesos, implicaría una suma de 15.600 millones de pesos más de lo que ya se invierte. Por lo que señaló que “independientemente de la discusión sobre si es más conveniente la asignación universal o las políticas focalizadas, lo primero que tenemos que saber antes de discutir es qué masa de recursos vamos a necesitar”. Trabajo, inclusión social, calidad de vida La iniciativa, que implementará conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación, prevé, en su primera etapa, la ejecución de infraestructura social en barrios y villas de emergencia de alta vulnerabilidad del Conurbano Bonaerense, relevados por la Universidad de Buenos Aires. Para ello se crearán 100.000 puestos de trabajo a través de la conformación de dos mil cooperativas que pondrán en marcha obras de saneamiento (redes de cloacas y agua), infraestructura urbana (veredas, pavimento, cordón cuneta, obras de acceso para personas con discapacidad, iluminación, desagües pluviales), mejoras de espacios verdes (plazas y parques, limpieza de márgenes de ríos y arroyos, tratamiento de residuos sólidos urbanos), infraestructura comunitaria (Centros Integradores Comunitarios, mejoras y ampliación de escuelas, centros administrativos, comedores escolares, centros de salud, clubes, iglesias) y viviendas (construcción de viviendas y refacción). Cada cooperativa, que estará compuesta por entre 50 y 70 personas, recibirá capacitación por parte del Gobierno nacional y deberá estar inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de la organización cooperativa habrá un presidente que será el responsable de la obra, un facilitador que recibirá una capacitación específica por parte de la cartera social, y se conformarán además Equipos Distritales. A su vez, cada trabajador será titular de una cuenta sueldo bancarizada mediante la cual el Gobierno nacional depositará su ingreso de manera directa y periódica, dejando de lado cualquier tipo de intermediación y sospechas y en el marco de la transparencia y la ética pública. Del mismo modo el programa prevé que el Ministerio de Desarrollo Social apoyará el crecimiento de cada cooperativa, a nivel educativo, de capacitación en oficios, y por supuesto el de su familia. Cada cooperativista será monotributista social por lo que recibirá el adicional por hijo previsto en el Plan Familias. El objetivo es que en el futuro se conformen como pequeñas y medianas empresas y productivas, por lo cual se contará con el apoyo del movimiento cooperativo y mutualista formal de nuestro país, cumpliendo con un rol de tutoría. A su vez en el marco de la transparencia y la ética pública el plan prevé la auditoria de la Universidad Pública, como por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional. Por ello los trabajadores serán tarjetizados y cobrarán en función de los controles mencionados por productividad. Asimismo, cabe destacar, que este esfuerzo de inversión social, no gasto, por parte del Gobierno nacional, se sumará a los más de 41 mil millones de pesos que desde el año 2003 se ha dispuesto, en la cobertura de las familias más vulnerables y que actualmente dan cobertura a más de 3.700.000 niñas y niños de nuestro país. Es importante destacar que en ningún caso los municipios sustituirán las tareas que realizan los trabajadores municipales formales o las obras que están siendo ejecutadas por trabajadores con empresas contratistas. En definitiva, si el trabajo es el mejor articulador social, el objetivo no es vaciar o reemplazar fuentes de trabajo ya existentes sino impactar en las comunidades con más trabajo, con más obra pública, de manera de avanzar en la calidad de vida de las familias y de las comunidades. Se hace con cooperativas porque es un tipo de organización democrática donde se juegan de manera determinante valores como la solidaridad, la responsabilidad, la equidad, la honestidad, la transparencia, desenvolviéndose y recreándose el tejido y la contención que marca organización social. Lo cierto es que los trabajadores de las cooperativas saben que el resultado de su trabajo depende su esfuerzo y su compromiso. Saben, que en definitiva, su tarea impactará en la calidad de vida de sus compañeros y la de su propia comunidad.

ANSES puso en marcha el intercambio de información electrónica con la Justicia

El Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Lic. Diego Bossio, firmó un convenio sobre cooperación e intercambio electrónico de información con la Corte Suprema de la Nación, para acelerar los trámites de los juicios previsionales por medio de la aplicación de tecnología informática y mejoras en los sistemas de gestión.

Bossio destacó la importancia de aportar mayor racionalidad y responsabilidad a la hora de administrar los recursos públicos para fortalecer el entramado institucional del Estado. “La firma de este convenio con la Corte Suprema posee un valor institucional muy importante, ya que refleja cómo distintos poderes del Estado se relacionan para brindar mejores servicios a la ciudadanía”, agregó el titular de ANSES.

La incorporación de nuevas tecnologías permitirá disponer de información fehaciente, transparente y de rápido acceso, para cumplir con los requerimientos administrativos. El titular de ANSES sostuvo que “quiero que mis ejes de gestión sean mejorar la calidad de acceso a los servicios y lograr una alto grado de eficiencia y transparencia en los procesos. De esta manera, daremos respuestas a las demandas de los ciudadanos”.

Con la puesta en marcha del “Sistema de Inicio de Demandas y Notificaciones por Medios Electrónicos”, toda notificación de inicio de demanda, sentencia o pedido de documentación será electrónica, “lo que mejorará la gestión de los Tribunales para agilizar los juicios que los jubilados realizan por reajuste de haberes”, enfatizó Bossio. La gestión electrónica de las causas será operada por responsables que poseerán clave de acceso individual y secreta, así como firma digital, recaudos indispensables por el carácter confidencial que posee la documentación.

El intercambio electrónico cuenta con un antecedente cercano, ya que ANSES ya remite expedientes escaneados ante el pedido de un Juzgado, entrega que antes demandaba 4 meses y hoy demanda 4 días.

Desde septiembre, más de 5,4 millones de jubilados y pensionados percibirán un aumento del 7,34%

A partir del mes de septiembre, cerca de 5,4 millones de jubilados y pensionados nacionales, percibirán un aumento en sus haberes del 7,34%, a raíz de la segunda aplicación del índice de movilidad dispuesto por la Ley 26.417. La primera fue del 11,69% en el mes de marzo pasado. De esta manera, los jubilados y pensionados recibirán un incremento total del 19,89% en el 2009.

El nuevo índice fue anunciado hoy por la tarde por el Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio, junto al Ministro de Economía, Amado Boudou y el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada.

La suba la percibirán 5.388.895 jubilados y pensionados nacionales, entre los que se incluyen 363.764 beneficiarios del ex Régimen de Capitalización, 21.056 Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

Durante el anuncio, Bossio expresó que “este anuncio, impulsado por la Ley que el año pasado presentó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que fue aprobada por el Congreso, significa un avance en la calidad institucional, porque implica que todos los años hay, de manera clara y precisa, un aumento para los jubilados".

Además, el titular de ANSES agregó que "el deseo de este Gobierno es mejorar permanentemente los haberes jubilatorios. El Gobierno puso a los jubilados dentro de su agenda, dándoles 15 aumentos desde el año 2003, un 360 por ciento de aumento en la jubilación mínima y un incremento notable del nivel de cobertura: en el 2003, había 3,2 millones de jubilados, mientras que actualmente hay más de 5,4 millones, poniéndonos como líderes en América Latina a nivel cobertura de jubilaciones y pensiones”.

Cómo se calculó el índice

Este incremento será abonado junto a los haberes de septiembre y surge de la aplicación de un promedio entre dos variables: el índice del aumento general de salarios del último semestre y el aumento de la recaudación tributaria per cápita de ANSES.

Así, a partir de ese índice el haber se elevará a $827,23, y para quienes reciben los $45 del subsidio del PAMI, la misma será de $872,23.

La Ley de Movilidad Jubilatoria surge de un proyecto enviado al Congreso por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en agosto de 2008, y oportunamente aprobado en las Cámaras de Diputados y Senadores. La Ley establece que la movilidad nunca podrá ser negativa. Esto significa que si para un período la evolución de las variables de la economía fueran negativas, los haberes de los jubilados y pensionados no se disminuirán.

IMPULSAN ACCION JUDICIAL CONTRA EL “TARIFAZO” DEL GAS

Los Concejales de la Coalición Cívica de San Miguel, Alberto Novo y Susana Salto, presentaron un proyecto de resolución solicitando al Intendente que interponga una medida cautelar en protección de los derechos de los usuarios y consumidores del servicio de gas del distrito. El mismo fue aprobado por unanimidad por el Cuerpo Deliberativo.

Los ediles de la Coalición Cívica Alberto Novo y Susana Salto, solicitaron al Intendente que promueva ante la Justicia Federal el dictado de una medida cautelar, en protección de los Derechos de los usuarios del servicio de la empresa Gas Natural BAN S. A. del distrito de San Miguel , tendiente a suspender los efectos de la aplicación de las Resoluciones Nº 1070/08 y Nº 1417/08 de la Secretaría de Energía de la Nación,, y del cargo tarifario establecido por Decreto 2067/08 ”.

En los fundamentos del proyecto presentado, afirman que “los aumentos de tarifas a los usuarios residenciales del servicio de gas natural tienen origen en las Resoluciones Nº 1070/08 y Nº 1417/08 de la Secretaría de Energía de la Nación y en el Decreto Nº 2067/08 del Poder Ejecutivo Nacional.” En este sentido, prosiguen, “la magnitud del incremento de las tarifas de gas natural para los usuarios residenciales con consumos superiores a los 1000 metros cúbicos anuales, se expresa en aumentos comprendidos entre el 77% y 290%”.

Por otra parte, “no se respetó la Ley Nº 24.076, Marco Regulatorio del Gas, que establece en su artículo 46º la realización de audiencias publicas”. Asimismo, con respecto al cargo tarifario establecido como impuesto al consumo por el Decreto 2067/08,” el mismo debe considerarse violatorio de los artículos 76 y 29 de la CN, por ser facultad del Poder Legislativo la creación de tributos, siendo en consecuencia, su aplicación de nulidad absoluta”.

Los Concejales de la Coalición Cívica de San Miguel destacaron que “suman ocho los fallos que rechazan el cargo tarifario de manera cautelar, concedidos en Salta, Jujuy, Chubut, Santa Cruz, Tucumán, Escobar , Pilar, y Avellaneda, habilitando a los usuarios a pagar las facturas del servicio de gas natural excluyendo el cargo establecido por el Decreto 2067/08”.

“En este contexto el Intendente Municipal está legitimado para la promoción de la acción judicial de amparo, en representación de los usuarios del Partido de San Miguel, ya que su legitimación activa surge claramente de lo establecido en el artículo 52 de la Ley Nacional 24.240 y del artículo 79 de la Ley Provincial 13.133, que lo colocan en la ineludible responsabilidad de defender los derechos de consumidores y usuarios” concluyeron.

SAN MIGUEL FESTEJA