Se crearán 100.000 mil puestos de trabajo

	La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el Gabinete de Ministros nacionales puso en marcha el Programa “Ingreso Social con Trabajo” que prevé, en una primera etapa, la creación de nuevos cien mil puestos de trabajo en el Conurbano bonaerense a través de la conformación de dos mil cooperativas. La iniciativa significa, en esta primera instancia, por parte del Gobierno nacional una inversión social aproximada de 1.500 millones de pesos. El Programa “Ingreso Social con Trabajo” se desarrollará progresivamente en todo el país, como parte central de la política social, y en la consideración de que el trabajo se constituye en el mejor integrador social, pues dignifica, califica y organiza, convirtiéndose en un elemento determinante para combatir la pobreza y lograr el desarrollo social de las comunidades. Del mismo modo, la iniciativa se nutre de la idea de que otra economía es posible, una economía de producción y distribución social. Teniendo en cuenta, especialmente, que nuestro país el flagelo de la pobreza está directamente vinculado a la inequidad social y territorial. Durante el acto, la presidenta Fernández detalló las características del programa y señaló que en la cartera social “recibimos un presupuesto de 183 millones de pesos en 2003 y hoy estamos en 10.200 millones de pesos al año”. Añadió que "el problema en la Argentina no es la pobreza sino la inequidad social, es decir, cómo se distribuye la riqueza”, y remarcó que “siempre se busca hacer padrones de los pobres, alguna vez habría que hacer padrones de los ricos para saber cuál es la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen”. Y agregó que en la “inequidad está la verdadera fábrica de los pobres”. Significó que “es cierto que cuanto más actividad económica exista habrá menos pobreza, pero la preocupación por la pobreza y la inequidad no puede ser espasmódica, debe ser consistente y coherente”. Por ello señaló que es importante “abordar la cuestión tributaria. Se puede proponer pero el que decide quien pone más y quien poner menos es el Poder Legislativo", al tiempo que destacó la "importancia de ver qué nivel de exenciones estamos teniendo en Argentina para ver de dónde pueden salir los recursos". La presidente sostuvo además que “aún con un modelo de creación de trabajo, de generación de empleo, necesitamos políticas más profundas para terminar con la inequidad social”. Al respecto, afirmó que “América latina es el continente más inequitativo” y para revertir esa situación la cuestión “no significa sacarle a los ricos para darle a los pobres, como algunos quieren simplificar”. En otro tramo del discurso la presidente Fernández aseguró que si el Congreso votara la creación de un ingreso universal por hijo menor de edad de 135 pesos mensuales, eso implicaría una erogación anual de 6.900 millones de pesos anuales, y si fuera de 250 pesos, implicaría una suma de 15.600 millones de pesos más de lo que ya se invierte. Por lo que señaló que “independientemente de la discusión sobre si es más conveniente la asignación universal o las políticas focalizadas, lo primero que tenemos que saber antes de discutir es qué masa de recursos vamos a necesitar”. Trabajo, inclusión social, calidad de vida La iniciativa, que implementará conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación, prevé, en su primera etapa, la ejecución de infraestructura social en barrios y villas de emergencia de alta vulnerabilidad del Conurbano Bonaerense, relevados por la Universidad de Buenos Aires. Para ello se crearán 100.000 puestos de trabajo a través de la conformación de dos mil cooperativas que pondrán en marcha obras de saneamiento (redes de cloacas y agua), infraestructura urbana (veredas, pavimento, cordón cuneta, obras de acceso para personas con discapacidad, iluminación, desagües pluviales), mejoras de espacios verdes (plazas y parques, limpieza de márgenes de ríos y arroyos, tratamiento de residuos sólidos urbanos), infraestructura comunitaria (Centros Integradores Comunitarios, mejoras y ampliación de escuelas, centros administrativos, comedores escolares, centros de salud, clubes, iglesias) y viviendas (construcción de viviendas y refacción). Cada cooperativa, que estará compuesta por entre 50 y 70 personas, recibirá capacitación por parte del Gobierno nacional y deberá estar inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de la organización cooperativa habrá un presidente que será el responsable de la obra, un facilitador que recibirá una capacitación específica por parte de la cartera social, y se conformarán además Equipos Distritales. A su vez, cada trabajador será titular de una cuenta sueldo bancarizada mediante la cual el Gobierno nacional depositará su ingreso de manera directa y periódica, dejando de lado cualquier tipo de intermediación y sospechas y en el marco de la transparencia y la ética pública. Del mismo modo el programa prevé que el Ministerio de Desarrollo Social apoyará el crecimiento de cada cooperativa, a nivel educativo, de capacitación en oficios, y por supuesto el de su familia. Cada cooperativista será monotributista social por lo que recibirá el adicional por hijo previsto en el Plan Familias. El objetivo es que en el futuro se conformen como pequeñas y medianas empresas y productivas, por lo cual se contará con el apoyo del movimiento cooperativo y mutualista formal de nuestro país, cumpliendo con un rol de tutoría. A su vez en el marco de la transparencia y la ética pública el plan prevé la auditoria de la Universidad Pública, como por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional. Por ello los trabajadores serán tarjetizados y cobrarán en función de los controles mencionados por productividad. Asimismo, cabe destacar, que este esfuerzo de inversión social, no gasto, por parte del Gobierno nacional, se sumará a los más de 41 mil millones de pesos que desde el año 2003 se ha dispuesto, en la cobertura de las familias más vulnerables y que actualmente dan cobertura a más de 3.700.000 niñas y niños de nuestro país. Es importante destacar que en ningún caso los municipios sustituirán las tareas que realizan los trabajadores municipales formales o las obras que están siendo ejecutadas por trabajadores con empresas contratistas. En definitiva, si el trabajo es el mejor articulador social, el objetivo no es vaciar o reemplazar fuentes de trabajo ya existentes sino impactar en las comunidades con más trabajo, con más obra pública, de manera de avanzar en la calidad de vida de las familias y de las comunidades. Se hace con cooperativas porque es un tipo de organización democrática donde se juegan de manera determinante valores como la solidaridad, la responsabilidad, la equidad, la honestidad, la transparencia, desenvolviéndose y recreándose el tejido y la contención que marca organización social. Lo cierto es que los trabajadores de las cooperativas saben que el resultado de su trabajo depende su esfuerzo y su compromiso. Saben, que en definitiva, su tarea impactará en la calidad de vida de sus compañeros y la de su propia comunidad.